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Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de asociaciones. (B.O.E. número 311, de
28 de diciembre de
1964). Las referencias al Fuero de los Españoles, Movimiento Nacional, Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales deben entenderse carentes de eficacia. En el mismo sentido las referencias a organismos actualmente inexistentes. Í N D I C E Artículo 1. Libertad de asociación. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Constitución de las Asociaciones. Artículo 4. Asociaciones declaradas de utilidad pública. Artículo 5. Registro de Asociaciones. Artículo 6. Régimen de las Asociaciones. Artículo 8. Acceso de los representantes de la autoridad. Artículo 9. Liberalidades en favor de las Asociaciones. Artículo 10. Disciplina de las Asociaciones. Disposiciones adicionales Disposiciones finales Disposiciones transitorias Es el derecho de asociación uno de los naturales del hombre que el positivo no puede menoscabar y aun viene obligado a proteger, ya que al propio Estado interesa su mantenimiento y difusión como fenómeno social e instrumento de sus fines, forjados no sólo por la concurrencia de individuos, sino de asociaciones que necesariamente han de formar parte de su peculiar estructura. En nuestro país la legalidad vigente en materia de asociaciones venía constituida por el Decreto de 25 de enero de 1941, dictado, según se dice en su preámbulo, para suplir deficiencias y aclarar dudas suscitadas por textos legales, como la Ley de 30 de junio de 1887, cuya vigencia emanaba de la Constitución de 1876. Las prescripciones del Decreto se justificaban en la necesidad de adecuar el impulso asociativo de aquel momento, pero inmediatamente apuntaba el preámbulo el carácter de derecho excepcional y transitorio de las normas contenidas en el mismo ..hasta tanto se regule de una manera definitiva en articulación de más amplio alcance... Después el Fuero de los Españoles, en su artículo 16, consagró el Derecho de Asociación al declarar que los españoles podrán asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido en las Leyes. Por todo ello parece llegado el momento de dictar una nueva Ley que, recogiendo la experiencia de tan largo período y la vigencia de un Concordato que se respeta en su integridad, dé cauce a la libertad de asociación referida en el Fuero de los Españoles, y establezca los principios fundamentales en torno a su ejercicio, de acuerdo con las normas inspiradoras del Movimiento Nacional. El presente texto supone la fructificación de varios proyectos anteriores sobre los que se ha venido trabajando en etapas sucesivas a raíz de la promulgación del Fuero de los Españoles, y representa un nuevo hito en el proceso político evolutivo del Movimiento Nacional. En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, dispongo: Artículo 1. Libertad de asociación. 1. La libertad de asociación reconocida en el párrafo primero del artículo 16 del Fuero de los Españoles se ejercerá de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, para fines lícitos y determinados. 2. Se entienden determinados los fines de la asociación cuando no exista duda respecto a las actividades que efectivamente se propone desarrollar, según se deduzca de los estatutos y de las cláusulas del acta fundacional. 3. Se entiende por fines ilícitos los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes fundamentales, los sancionados por las leyes penales, los que atenten contra la moral, el orden público y cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de España. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ley las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según se define en las Leyes, y se constituyan con arreglo al Derecho Civil o Mercantil, así como, sin perjuicio de lo que en cada caso establezca la presente Ley, las asociaciones siguientes: 1. Las Asociaciones constituidas según el Derecho Canónico a que se refiere el artículo cuarto del Concordato vigente y las de la Acción Católica española, en cuanto desarrollen fines de apostolado religioso, manteniéndose por lo que se refiere a actividades de otro género, de acuerdo con el artículo 34 de dicho texto Concordado, en el ámbito de esta Ley, 2. Las que se constituyan conforme a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 16 del Fuero de los Españoles, las reguladas por la legislación sindical y las restantes sujetas al régimen jurídico del Movimiento. 3. Las de funcionarios, civiles y militares, y las del personal civil empleado en los establecimientos de las Fuerzas Armadas, se regirán, en su caso, por sus leyes especiales. 4. Cualesquiera otras Asociaciones reguladas por Leyes especiales. Artículo 3. Constitución de las Asociaciones. 1. La libertad de asociación se ejercitará jurídicamente mediante acta en que conste el propósito de varias personas naturales que, con capacidad de obrar, acuerden voluntariamente servir un fin determinado y lícito según sus Estatutos. 2. Los Estatutos, además de las condiciones lícitas que establezcan, deberán regular los siguientes extremos: 1. Denominación, que no podrá ser idéntica a la de otras Asociaciones ya registradas, ni tan semejante que pueda inducir a confusiones. 2. Fines determinados que se propone. 3. Domicilio principal y, en su caso,,otros locales de la Asociación. 4. Ámbito territorial de acción previsto para la actividad. 5. Órganos directivos y forma de administración. 6. Procedimiento de admisión y pérdida de la cualidad de socio. 7. Derechos y deberes de los mismos. 8. Patrimonio fundacional, recursos económicos previstos y límites del presupuesto anual. 9. Aplicación que haya de darse al patrimonio social en caso de disolución. 3. Dentro del plazo de cinco días a contar desde la fecha del acta fundacional los socios fundadores deberán remitir al Gobierno Civil de la provincia en ejemplar triplicado firmado por los mismos, copia de aquel acta con los Estatutos. 4. Cuando el patrimonio de la Asociación no sea superior a la cantidad de un millón de pesetas y el límite inicial de su presupuesto anual a la de cien mil pesetas, y la actividad social prevista no rebase los límites provinciales, corresponderá al Gobernador, previo los informes que según la índole de la Asociación sean preceptivos en cada caso, dictar por escrito resolución motivada decidiendo acerca de la licitud y determinación de los fines a que se refiere el párrafo uno de este artículo, visando los Estatutos o, en su caso, recabando las rectificaciones que fueran precisas con arreglo a las disposiciones previstas en el párrafo 2 del presente artículo. Los Gobernadores civiles, no obstante, cuando se susciten dudas acerca de los extremos arriba examinados, o atendidas la naturaleza y característica de las Asociaciones, elevarán el expediente al Ministro de la Gobernación, en la forma y a los efectos prevenidos en el párrafo siguiente. 5. Dentro del plazo de treinta días el Gobernador elevará al Ministerio de la Gobernación, convenientemente informado, el expediente relativo a la calificación de los fines de las Asociaciones cuando el patrimonio rebase la cifra de un millón de pesetas, o el limite presupuestario inicial sea superior a las cien mil pesetas anuales, o cuando las actividades sociales previstas rebasen el ámbito provincial. Previos los informes que según la índole de la Asociación sean preceptivos en cada caso, corresponderá al Ministro de la Gobernación dictar por sí o someter al Consejo de Ministros la pertinente resolución acerca de la licitud y determinación de los fines de la Asociación, y, en su caso, visar igualmente los Estatutos. Igual facultad corresponderá al Ministro de la Gobernación con ocasión de los recursos de alzada interpuestos contra los actos y resoluciones de los Gobernadores civiles. 6. Cuando la Asociación cumpla los requisitos que se establecen en los párrafos anteriores y sus fines no puedan considerarse como ilícitos o indeterminados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, párrafos segundo y tercero, de la presente Ley, la autoridad gubernativa no podrá denegar el reconocimiento de la Asociación. Artículo 4. Asociaciones declaradas de utilidad pública. Redacción según la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos a la Participación Privada en Actividades de Interés General. 1. Podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos: a) Que sus fines estatutarios sean asistenciales, cívicos, educativos, científicos, culturales, deportivos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, o cualesquiera otros que tiendan a promover el interés general. b) Que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. c) Carecer de ánimo de lucro, y no distribuir entre sus asociados las ganancias eventualmente obtenidas. En caso de disolución, su patrimonio deberá aplicarse a la realización de actividades sujetas al cumplimiento de los requisitos anteriores. d) Que los miembros de la junta directiva desempeñen gratuitamente sus cargos, sin perjuicio de poder ser reembolsados por los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione. e) Que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios. f) Que se encuentren constituidas, en funcionamiento y dando cumplimiento efectivo a sus fines estatutarios, ininterrumpidamente y concurriendo todos los precedentes requisitos al menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 2. Las asociaciones declaradas de utilidad pública tendrán los siguientes derechos: a) Usar la mención [Declarada de Utilidad Pública] en toda clase de documentos, a continuación del nombre de la entidad. b) Disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de las mismas. 3. Antes del 1 de julio de cada año, las asociaciones declaradas de utilidad pública deberán rendir cuentas del ejercicio anterior, y presentar una memoria descriptiva de las actividades realizadas durante el mismo, ante el Ministerio de Justicia e Interior o la entidad u órgano público que hubiese verificado su constitución y autorizado su inscripción en el Registro correspondiente. Asimismo, deberán facilitar a las Administraciones Públicas los informes que éstas les requieran, en relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines. 4. La declaración de utilidad pública se llevará a cabo en virtud de Orden del Ministro de Justicia e Interior, previo informe favorable de las Administraciones Públicas que tengan competencias en relación con los fines estatutarios y actividades de la asociación, y, en todo caso, del Ministerio de Economía y Hacienda. La declaración será revocada, previa audiencia de la asociación afectada, por Orden del Ministro de Justicia e Interior, cuando la situación o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el apartado 1 de este artículo, o los responsables de su gestión incumplan lo prevenido en el apartado 3. El procedimiento de declaración y revocación se determinará reglamentariamente. Artículo 5. Registro de Asociaciones. 1. En los Gobiernos Civiles existirá un Registro Provincial de Asociaciones, en el que se inscribirán a los efectos que en cada caso procedan todas las que se domicilien en cada provincia. 2. En el Ministerio de la Gobernación existirá un Registro Nacional de Asociaciones, en el que se inscribirán todas las Asociaciones, a los efectos que en cada caso procedan, sea cual fuere su régimen o su ámbito territorial de actuación, patrimonio y presupuesto. 3. La inscripción en los Registros nacional y provinciales se verificará, respecto de las Asociaciones sometidas al ámbito de aplicación de esta Ley, de oficio y dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha de las resoluciones a que se refieren los párrafos cuarto y quinto del artículo 3, y en los casos de asociaciones excluidas por comunicación de la autoridad competente, dentro del mismo plazo a contar desde que las Asociaciones quedaron válidamente constituidas. Tanto los Registros provinciales como el Registro nacional de Asociaciones serán públicos. Artículo 6. Régimen de las Asociaciones. 1. El régimen de las Asociaciones reguladas por la presente Ley se determinará por sus propios Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea general y Órganos directivos dentro de la esfera de su respectiva competencia. En lo en ellos no previsto se estará a lo establecido en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias que se dicten para la aplicación de la misma. 2. El Órgano supremo de las Asociaciones será la Asamblea general, integrada por los socios, que adoptarán sus acuerdos por el principio mayoritario, y que deberá ser convocada al menos en sesión ordinaria, una vez al año para aprobación de cuentas y presupuesto, y en sesión extraordinaria, cuando así se establezca en los Estatutos y con las formalidades que en los mismos se determinen. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las Asociaciones estarán regidas por una Junta directiva, la cual se pondrá en conocimiento del Gobernador de la provincia la composición de los Órganos rectores en el plazo de cinco días a partir de la fecha de su aprobación. 4. La modificación de los Estatutos deberá aprobarse en Asamblea general extraordinaria, siguiendo ulteriormente los trámites establecidos por los artículos 3 y 5 de esta Ley. 5. En toda Asociación se llevará un fichero y un libro registro de los nombres, apellidos, profesión y domicilio de los asociados. En lo referente al resto de régimen de libros, publicación de impresos y circulares, y en general, lo relacionado con el aspecto orgánico de las Asociaciones sometidas a esta Ley, será objeto de determinación reglamentada. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, los acuerdos y actuaciones de las Asociaciones que sean contrarias a los Estatutos, podrán ser suspendidos o anulados por la autoridad judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal. 7. Las Asociaciones se disolverán por voluntad de los socios, por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil y por sentencia judicial. Artículo 7. Reuniones. 1. Una vez inscritas las Asociaciones, podrán utilizar el local que designen como domicilio social, con sujeción a las Leyes y Reglamentos. 2. Las Asociaciones regidas por esta Ley deberán comunicar al Gobernador civil de la provincia, con setenta y dos horas de antelación, la fecha y hora en que hayan de celebrarse las sesiones generales. Artículo 8. Acceso de los representantes de la autoridad. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en la Ley de Orden Público, la autoridad gubernativa tendrá acceso, por representantes especialmente designados, al local en que se celebren las reuniones y a los libros y documentos que se lleven en las Asociaciones reguladas por esta Ley. Artículo 9. Liberalidades en favor de las Asociaciones. 1. Sin perjuicio de las modificaciones estatutarias que impliquen la alteración de su presupuesto o patrimonio, las Asociaciones reguladas por esta Ley podrán recibir libremente donaciones a título gratuito en cantidades que no excedan de cincuenta mil pesetas al año. Para cantidades que oscilen entre cincuenta mil y doscientas cincuenta mil necesitarán expresa autorización del Gobernador civil. Para las que rebasen durante el año esta última cifra, será necesaria autorización expresa del Ministerio de la Gobernación. 2. Quedan exceptuadas de las formalidades dispuestas en el párrafo anterior las subvenciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos autónomos, de las Corporaciones Locales, de los Organismos dependientes del Movimiento y, en general, todas aquellas liberalidades que se realicen en favor de las Asociaciones reconocidas de utilidad pública. Artículo 10. Disciplina de las Asociaciones. 1. La autoridad gubernativa suspenderá de oficio o a instancia de parte las actividades de aquellas Asociaciones reguladas por la presente Ley que no se hayan constituido conforme a lo en ella prevenido. 2. Las mismas autoridades podrán decretar la suspensión de las Asociaciones sometidas al ámbito de esta Ley, por plazo no superior a tres meses, cuando no atemperen su funcionamiento a lo dispuesto en la misma. 3. Pueden ser asimismo objeto de suspensión los actos o acuerdos de estas asociaciones que adolezcan de los mismos defectos a que hace referencia el apartado anterior, o incurran en la ilicitud prevista por el párrafo 3 del artículo 1 de esta Ley. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en la vigente Ley de Orden Público, podrá asimismo la autoridad competente suspender las Asociaciones de cualquier régimen con ocasión de actos ilícitos incluidos en el artículo 1, párrafo 3, de esta Ley. 5. Corresponde a los Tribunales confirmar o revocar los acuerdos gubernativos y decretar si procede la disolución. A estos efectos los acuerdos de suspensión serán comunicados a la autoridad judicial competente dentro del término de tres días. 6. En los propios supuestos contemplados en los anteriores apartados, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de la citada Ley de Orden Público, los Gobernadores civiles podrán imponer sanciones de hasta veinticinco mil pesetas, y el Ministro de la Gobernación hasta quinientas mil. Artículo 11. Procedimiento. 1. En todas las cuestiones que en vía administrativa se susciten sobre el régimen de Asociaciones, será aplicable la Ley de Procedimiento Administrativo, y en su caso, la de lo Contencioso-administrativo. 2. En todas las demás cuestiones en que no sea parte la Administración, será competente la jurisdicción ordinaria. Disposiciones adicionales Lo establecido en la presente Ley no es de aplicación a la Organización Sindical ni a las entidades y agrupaciones encuadradas en la misma. Las Asociaciones no podrán formar parte de agrupaciones o entidades de carácter internacional ni adoptar denominaciones alusivas a las mismas sin previa autorización acordada en Consejo de Ministros. Los requisitos, procedimientos y régimen jurídico y económico de aquellas actividades que den lugar a Asociaciones de hecho de carácter temporal, tales como cuestaciones y suscripciones públicas, se determinarán reglamentariamente. Disposiciones finales Quedan derogadas la Ley de 30 de junio de 1887, el Decreto de 25 de enero de 1941 y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. El Gobierno a propuesta del Ministerio de la Gobernación dictará las disposiciones complementarias de la presente Ley. La presente Ley entrará en vigor el 30 de abril de 1965. Disposiciones transitorias Las Asociaciones actualmente reconocidas deberán cumplir los preceptos de esta Ley que les sean aplicables, adaptando a la misma sus Estatutos y solicitando, en su caso, las declaraciones necesarias de la Administración. Si en el plazo de un año, a partir de la publicación de la presente Ley, dichas Asociaciones no se hubieran sometido a sus preceptos, se considerarán disueltas. Dado en el Palacio de El Pardo a 24 de diciembre de 1964. |
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