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DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de los siguientes recursos de derecho público: a) Tasas. b) Precios públicos. Artículo 2. Delimitación del ámbito de aplicación de la Ley. Los preceptos de esta Ley no serán aplicables a: a) Las cotizaciones al Sistema de la Seguridad Social y las de naturaleza idéntica que se recauden conjuntamente con aquéllas. b) La contraprestación por las actividades que realicen y los servicios que presten las entidades u organismos públicos que actúen según normas de derecho privado. c) Los recursos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que continuarán regulándose por su legislación específica. Artículo 3. Medidas presupuestarias. 1. Los recursos regulados en esta Ley correspondientes al Estado y sus organismos autónomos, se ingresarán en las cajas del Tesoro público o en cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. 2. La recaudación, custodia e ingreso de los derechos correspondientes a otros entes se regirá por las normas que sean de aplicación a los mismos. 3. El rendimiento de los recursos a que se refiere el artículo primero de esta Ley se aplicará íntegramente al presupuesto de ingresos que corresponda, sin que pueda efectuarse detracción ni minoración alguna, salvo lo dispuesto en el artículo 12. 4. El Ministro de Economía y Hacienda podrá proponer al Gobierno o al Ministro del ramo el establecimiento de ingresos de derecho público regulados en la presente Ley, por parte de aquellos órganos de la Administración del Estado, organismos o entes que no los apliquen, así como su actualización, cuando proceda. Artículo 4. Responsabilidades. Las autoridades, los funcionarios públicos, agentes o asimilados que de forma voluntaria y culpable exijan indebidamente una tasa o precio público, o lo hagan en cuantía mayor que la establecida, incurrirán en falta disciplinaria muy grave, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que pudieran derivarse de su actuación. Cuando adopten en la misma forma resoluciones o realicen actos que infrinjan la presente Ley y las demás normas que regulan esta materia, estarán obligados, además, a indemnizar a la Hacienda Pública por los perjuicios causados. Artículo 5. Servicios públicos esenciales. El establecimiento de tasas o precios públicos por la prestación de los servicios públicos de justicia, educación, sanidad, protección civil o asistencia social, sólo podrá efectuarse en los términos previstos en la Ley o Leyes reguladoras de los servicios de que se trate, sin perjuicio de su regulación y aplicación, cuando aquéllas lo autoricen, de conformidad con la presente Ley.
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