PRÓLOGO

La creciente globalización de las transacciones económicas en la actual economía ha determinado la necesidad de profundizar en los procesos de armonización contable por parte de los distintos emisores de normas de información financiera. Esta circunstancia no busca sino permitir alcanzar el deseado objetivo de incrementar las condiciones favorables para que la información económica que faciliten las empresas sea transparente y entendible por los accionistas, acreedores y restantes usuarios e interesados en la marcha de las unidades económicas, independientemente de su país de origen.

Desde que en 1995 la Comisión Europea publicó una Comunicación bajo el título de: «Armonización contable: una nueva estrategia de cara a la armonización internacional., los acontecimientos se han desarrollado con cierta rapidez en la dirección apuntada. En particular, al amparo de la experiencia y amplia aceptación del marco contable delimitado por los pronunciamientos del International Accounting Standards Committee —en la actualidad Intemational Accounting Standards Board (IASB)—, esta Organización ha sido el referente elegido por la Comisión para acometer el camino de la compatibilidad en la información suministrada por las empresas, tal y como se recoge expresamente en la Comunicación de la Comisión de 13 de junio de 2000 "La estrategia de la UE en materia de información financiera: el camino a seguir".

En este sentido, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicó en sú Boletín oficial n° 41, de marzo de 2000, un estudio del nivel de comparbilidad entre la normativa vigente en España y la emitida por el IASB, del que, en líneas generales, se desprende un balance positivo en relación con nuestra situación normativa contable. Fundamentalmente, dada la influencia que sobre la base de las Directivas contables (auténtico marco regulador del Derecho contable español), ha ejercido en la labor normalizadora desarrollada por la Institución que presido, los pronunciamientos emitidos por esa organización internacional.

Los recientes acontecimientos en el ámbito de la Unión Europea en relación con la búsqueda de una mayor armonización contable han traído consigo la aprobación de la Directiva 2001/65/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE, y recientemente del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad, si bien pendiente de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) en el momento actual.

Los hechos relatados pusieron de manifiesto en el seno del Ministerio de Economía la necesidad de conocer la opinión de los usuarios y preparadores de la información económico financiera, profesionales, académicos y restantes interesados en el proceso de emisión de normas contables, acerca de las consecuencias y el alcance que debe tener en nuestro país el contenido del indicado Reglamento comunitario y, por tanto, la reforma que se considera adecuada, por lo que a través de la Orden comunicada del Ministerio de Economía de 16 de marzo de 2001 se constituyó la Comisión de Expertos que ahora entrega su Informe.

El resultado alcanzado resulta satisfactorio en tanto que refleja la opinión libremente expresada de un conjunto de miembros expertos en la materia y procedentes de diferentes ámbitos, todos ellos afectados por la decisión final que se pueda adoptar, y que han contribuido desde una perspectiva crítica y constructiva para que el órgano normalizador encargado de la reforma cuente con todos los elementos que le permitan formarse el adecuado juicio acerca del pronunciamiento que, en su caso, deba adoptar. En este sentido, este Instituto ha procurado atender lo mejor posible la labor encomendada, proporcionando los medios necesarios para que la Comisión desarrollase sus funciones y velando en todo momento porque en el seno de la misma existiese la máxima independencia, libertad y confrontación de opiniones, en aras de enriquecer la posterior función normalizadora, que sin duda tomará en consideración las opiniones vertidas, que constituyen un valioso punto de partida para orientar todo el proceso de reforma, sin perjuicio de las decisiones que finalmente proceda adoptar y que, en ocasiones, podrán no ser coincidentes con las recomendaciones realizadas.

A la vista del contenido del Informe sólo cabe felicitar a todos los participantes en su emisión. Y, en particular, a su Presidente de Honor D. José María Fernández Pirla por las palabras de aliento y apoyo dirigidas a sus miembros y su constante interés por el desarrollo de los trabajos, así como a D. José Antonio Gonzalo Ángulo y D. Sixto Alvarez Melcón, Presidente y Vicepresidente, respectivamente de la Comisión, por su participación desinteresada en el proceso y la amplia dedicación demostrada. Este agradecimiento debe hacerse extensivo a los restantes miembros de la Comisión, integrantes de las diferentes Subcomisiones y Grupos de trabajo constituidos al efecto -superando en su conjunto el centenar de expertos y que no paso a detallar por encontrarse todos ellos posteriormente relacionados-, los cuales, a lo largo de más de un año de trabajos, han contribuido con sus conocimientos al éxito del encargo realizado.

El presente Informe contiene un amplio conjunto de recomendaciones y opiniones que ponen de manifiesto la importante tarea de debate y confrontación de ideas que se han ido produciendo en las sucesivas reuniones, tanto en el seno de las Subcomisiones encargadas de materias concretas como en las posteriores sesiones del pleno de la Comisión cuando se han discutido en detalle los informes de éstas. Por ello, es necesario recomendar al lector del mismo la consideración de todo el texto, no sólo las conclusiones mostradas en el Capítulo 15, que si bien reflejan el sentir mayoritario de los miembros de la Comisión, constituyen solamente el resultado final de un enriquecedor debate acerca del extenso abanico de asuntos tratados.

JOSÉ LUIS LÓPEZ COMBARROS
Presidente del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas

Madrid, 25 de junio de 2002