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CAPÍTULO 13 INSTITUCIONES DE REFUERZO PARA LA EFICACIA DE LAS NORMAS CONTABLES
13.1. INTRODUCCIÓN En virtud de lo previsto en el artículo 4 del Reglamento del Parlamento y el Consejo Europeo, sobre aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIF), a partir del 2005 los estados financieros consolidados de las empresas con valores admitidos a negociación en mercados regulados europeos deben formularse y publicarse de acuerdo con las NIC/NIF. El artículo 5 establece que los estados miembros podrán permitir o requerir la aplicación de las NIC/NIF a las cuentas anuales de las empresas cotizadas y a las cuentas anuales y consolidadas de entidades no cotizadas. El objetivo que se persigue es mejorar la comparabilidad de la información financiera pública de las empresas europeas, en particular de las cotizadas. Este objetivo sólo se alcanzará plenamente si se logra una correcta, homogénea y uniforme aplicación de las NIC/NIF por parte las empresas europeas, para lo cual es fundamental que exista un sistema adecuado de mecanismo de refuerzo y control del cumplimiento de la normativa contable en la información financiera pública (enforcement). En este sentido, en la Exposición de Motivos del Reglamento se señala expresamente que: "Será determinante contar con un régimen rigurosos y adecuado de ejecución para afianzar la confianza de los inversores en los mercados financieros. Según lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado, los Estados miembros deben adoptar las medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad. La Comisión tiene la intención de establecer contactos con los Estados miembros por medio, en especial, del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, a fin de elaborar un enfoque común de ejecución". Por su parte la Comisión Europea, en su Comunicación (1) de 13 de junio de 2000, planteaba la necesidad de contar con un sistema de supervisión basado en dos elementos: a) Los auditores, como primera línea de defensa contra las infracciones de los principios y normas contables establecidos. b) Los supervisores, como la segunda línea de defensa. La Comisión subraya el papel que deben desempeñar los supervisores de valores para asegurar el cumplimiento de las NIC/NIF y destaca las funciones que debe asumir el CESR (Comité Europeo de Reguladores de Valores) para desarrollar un enfoque común de control institucional a escala europea, que permita alcanzar un alto nivel de calidad de la información financiera de las empresas y evitar el arbitraje regulatorio. En respuesta a la Comisión, el CESR expresó su punto de vista indicando que, además del papel que desempeñan los auditores, las autoridades competentes deben disponer de poderes para supervisar la información financiera de las entidades cotizadas y contar con capacidad para imponer sanciones, cuando sea necesario. El CESR considera que las autoridades supervisoras de los estados financieros que publican las empresas deben reunir, como características necesarias, una adecuada independencia de las instancias políticas y de los diversos participantes en los mercados, así como disponer de recursos y poderes suficientes para realizar las funciones encomendadas, en particular: facultades para revisar los estados financieros públicos y competencias para pedir información adicional o tomar medidas (2), incluidas las sanciones. El CESR excluye la posibilidad de desarrollar el control institucional de la información financiera de las entidades cotizadas a través de sistemas de autorregulación y se inclina por encomendar tales funciones a las autoridades públicas administrativas, para garantizar la independencia y evitar conflictos de intereses, así como para conseguir una mayor eficacia en la imposición de sanciones por su mayor capacidad coercitiva. Con el fin de promover la implantación coordinada de un sistema adecuado de control del cumplimiento de la normativa contable por parte de los supervisores de los mercados de valores europeos, el CESR ha creado un Subcomité en el seno de CESRFin (3), con el siguiente mandato: 1. Ser un foro donde los supervisores de los mercados de valores puedan comparar sus experiencias, de forma regular y periódica, en el ámbito del control de los estados financieros públicos de empresas cotizadas. 2. Desarrollar normas y guías de actuación comunes para la ejecución de la supervisión institucional de los estados financieros de las empresas cotizadas, pudiendo establecerse también mecanismos de control de calidad entre los propios supervisores de valores, aplicando procedimientos de revisión mutua. Dicho Subcomité cuenta con el respaldo institucional de la Comisión Europea, que acude a las reuniones en calidad de observador para verificar que se siguen las directrices que ha marcado, conducentes a la creación de un sistema efectivo y homogéneo de control en el ámbito europeo, desarrollado por una red coordinada de supervisores de valores. La Féderation des Experts Comptables Européens (FEE) también se ha pronunciado sobre el modelo de control del cumplimiento de la normativa contable en los estados financieros públicos. En abril de 2002, ha emitido un documento (4) en el que se definen los mecanismos de refuerzo y control del cumplimiento como todos los procedimientos implantados con el fin de prevenir en lo posible, identificar y corregir errores materiales en la aplicación de los principios y normas contables en la elaboración de la información financiera y otros estados regulados de carácter público. La EE señala los elementos básicos que, en su opinión, deberían caracterizar cualquier sistema eficiente de refuerzo y control del cumplimiento de la normativa contable en la información financiera pública. de acuerdo con el esquema propuesto por la FEE: a) La responsabilidad principal y primaria recae en la propia empresa, que debe poner todos los mecanismos precisos para asegurar un cabal cumplimiento de normativa contable. En este sentido, cobran especial importancia las reglas de conducta y los sistemas implantados en relación con el gobierno corporativo de las empresas y con el control interno. b) Un segundo pilar, que no libera de la responsabilidad que deben asumir los órganos de gobierno de las empresas, reside en los auditores externos, cuya independencia y defensa del interés público es fundamental. Para asegurar la fiabilidad e independencia de sus opiniones, debe existir un sistema de control de la calidad del trabajo que realizan los auditores, como una parte de los mecanismos de supervisión. En Europa los sistemas de control de calidad de las auditorías son muy diversos y tienen diferentes niveles de intensidad. La FEE señala que la introducción de modelos de autorregulación puede ser conveniente en aquellos países donde no existe un sistema adecuado de supervisión y control de las auditorías. c) El tercer pilar fundamental corresponde al sistema institucional de supervisión. La FEE considera que los supervisores de los mercados de valores deben jugar un papel significativo para asegurar el correcto cumplimiento de las NIC/NIF. Un elemento esencial del sistema institucional es tener la capacidad para ordenar la reformulación de los estados financieros que no cumplen con la normativa contable. Teniendo en cuenta que, en la actualidad, muchos países europeos limitan el control institucional a verificaciones meramente formales, la FEE considera que en estos países se deberían estimular iniciativas para crear sistemas organizados de revisión (review panels o comités de revisión) en los que estén involucradas todas las partes interesadas. Por último, la FEE propugna extender de forma gradual el modelo de control de cumplimiento de la normativa contable ala información financiera publicada por todo tipo de empresas, sean o no cotizadas. La FEE reconoce la dificultad de implantar este modelo de forma inmediata, por problemas operativos y disponibilidad de recursos adecuados, y señala tres etapas para su desarrollo gradual: 1) comenzar por las empresas cotizadas; 2) continuar con otras empresas de interés público, en particular las entidades de sectores regulados (banca, seguros y valores); y 3) finalmente, terminar extendiendo el modelo de control del cumplimiento de la normativa contable a los estados financieros que publiquen todo tipo de entidades. Las propuestas que la Comisión de Expertos hacen para desarrollar mecanismos de refuerzo y control de la información en España, en las diferentes modalidades de control y en los distintos tipos de sociedades que se vienen considerando en este informe, son discutidas a continuación. 13.2. CONTROLES SOBRE ADMINISTRADORES Y AUDITORES EXTERNOS La responsabilidad principal del cumplimiento de los estándares de contabilidad, tanto en la formulación de las cuentas anuales y consolidadas como en la elaboración de los estados financieros intermedios, reside en los Consejos de Administración de las empresas, que deben adoptar las medidas apropiadas para garantizar que la información financiera que se suministra al mercado sea precisa, fiable y haya sido formulada de acuerdo con los principios y criterios establecidos en la normativa contable, y especialmente que suministre la imagen fiel de la situación económica y la actividad desarrollada, sin lo cual no puede ser de utilidad ni a los accionistas,, ni a los inversores ni al resto de los participantes en los mercados. El control externo del cumplimiento de la normativa contable en las cuentas anuales y consolidadas corresponde, en primer lugar, a los auditores de las empresas como primera línea de defensa contra las infracciones de los principios y normas contables. Los auditores externos también deben pronunciarse, en los casos expresamente previstos en la regulación aplicable, mediante informes especiales de revisión limitada, sobre los estados financieros de periodos intermedios que publican las empresas cotizadas. El trabajo de los auditores externos debe estar sujeto, tal y como prevé la legislación actual, al control técnico por parte del Instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas (ICAC), que tiene capacidad sancionadora, así como al control de calidad en los términos previstos en la Recomendación de la Comisión Europea sobre el "control de calidad de la auditoría legal en la UE". Adicionalmente, el Comité de Auditoría de la Comisión Europea ha estado preparando una Recomendación de la Comisión de "Independencia de los auditores de cuentas en la UE: Principios Fundamentales" con el fin de mejorar y garantizar la objetividad e independencia, real y en apariencia, de los auditores en el ámbito europeo, y por tanto, la calidad de los trabajos de auditoría. 13.3. CONTROL INSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE ENTIDADES COTIZADAS El control institucional de la información financiera que publican las empresas cotizadas en los mercados de valores españoles debe ser ejercido, de acuerdo con los pronunciamientos de CESR, por la CNMV que es el organismo público encargado de velar por la transparencia y disciplina del mercado, al que la Ley encomienda la supervisión e inspección de los mercados de valores y de cuantas personas físicas y jurídicas se relacionan con ellos, pudiendo ejercer sobre tales personas la potestad sancionadora. Los mecanismos institucionales de refuerzo y control del cumplimiento de la normativa contable en la información financiera pública han de ser aplicados fundamentalmente a posteriori, una vez que las empresas cotizadas hayan depositado las cuentas anuales y consolidadas o los estados financieros de periodos intermedios en los correspondientes Registros públicos. La responsabilidad de la CNMV debe limitarse a la implantación de procedimientos adecuados de revisión de la información financiera pública y no puede sustituir ni reducir las que corresponden a los administradores y auditores externos. El control institucional a desarrollar por la CNMV debería alcanzar a cuestiones tales como la integridad y coherencia de la información financiera pública, la adecuación de las políticas contables adoptadas o el análisis de los informes de auditoría y no limitarse a la mera revisión de cuestiones formales. Por tanto, correspondería a la CNMV, y así se recomienda que se implante el sistema de refuerzo y control del cumplimiento: – Diseñar y establecer un sistema adecuado de mecanismos de refuerzo y control del cumplimiento de la normativa contable, con procedimientos de actuación que respondan a las mejores prácticas internacionales de supervisión institucional de la información financiera que publican las empresas cotizadas. – Aplicar de forma eficiente los mecanismos de control establecidos, contribuyendo al cumplimiento de las normas contables de aplicación por parte de las empresas cotizadas y, en su caso, tomando las medidas oportunas (exigir la reformulación de cuentas, suspender la cotización, etc), incluidas las sanciones. Además, teniendo en cuenta las funciones asignadas por la Ley al Comité Consultivo de la CNMV, debe plantearse la posibilidad de incluir entre sus vocales expertos contables independientes. – Aumentar la coordinación con los auditores, en aras a lograr un control efectivo de las posibles infracciones contables o de cualquier circunstancia material que pueda afectar a la información financiera que publican las empresas cotizadas. – Potenciar la colaboración, bilateral y a través del CESR, con los supervisores de los mercados de valores de la Unión Europea, para contribuir a la adopción de interpretaciones y criterios homogéneos en el control de la información financiera pública de las empresas cotizadas en los diferentes Estados miembros, en particular frente a los problemas emergentes que vayan apareciendo. – En el caso de los estados financieros públicos de las entidades cotizadas sujetas a supervisión prudencial, los referidos mecanismos de refuerzo y control del cumplimiento de la normativa contable que implante la CNMV se entenderán sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden a los órganos supervisores. Esta labor que se está recomendando, para la CNMV, es particularmente interesante en los primeros años de aplicación de las NIC/NIF a las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas o a cualesquiera otras que se establezcan utilizando principios internacionales, puesto que el mecanismo normativo del IASB no incluye, y no va a incluir en el futuro, ningún control a posteriori de la información publicada que obligue a cumplir íntegramente sus normas. A tal efecto, la situación contemplada en el Reglamento de aplicación de las NIC/NIF a los grupos cotizados, según la cual habrá una coordinación entre las autoridades bursátiles de todos los países de la Unión, es altamente recomendable como forma de solucionar los problemas que surjan. Por ello se insta a la CNMV a que coopere activamente en el desarrollo de tales mecanismos de refuerzo. 13.4. CONTROL INSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE ENTIDADES NO COTIZADAS 13.4.1. Controles de calidad Los mecanismos de refuerzo y control del cumplimiento de la normativa contable en las cuentas anuales y consolidadas, así como de los estados financieros intermedios que publican las entidades no cotizadas cuyas actividades están sujetas a supervisión prudencial o al control de sus operaciones, deben recaer en la institución que mantenga el Registro y las competencias en materia de supervisión o control, inspección y sanción. La Comisión de Expertos, aún considerando importante y adecuado establecer un sistema de refuerzo y control institucional que se encargue de establecer mecanismos adicionales de revisión del cumplimiento de la normativa contable en las cuentas anuales y consolidadas y en cualquier otra información financiera que publiquen el resto de empresas españolas no cotizadas ni sujetas a supervisión prudencial o al control de sus operaciones, tiene dudas sobre la aplicación a corto plazo de un sistema concreto que pudiera resultar conveniente, al no perfilarse con claridad, al menos en una primera fase, soluciones operativas que tengan resuelto el tema de su financiación. No obstante, la recomendación genérica, es la de avanzar en el diseño de mecanismos de refuerzo del cumplimiento de la normativa contable que alcance a otras empresas e instituciones, comenzando por las sociedades más relevantes para la economía nacional. En este sentido se hace un llamamiento a las instituciones, tanto públicas como privadas, comprometidas con la calidad de la información contable, para que diseñen, financien, organicen y supervisen un sistema de refuerzo positivo de la información contable publicada, en especial de la información consolidada procedente de los grupos de empresas, así como de la información de las sociedades más importantes no cotizadas en Bolsa (grandes empresas, empresas de servicios públicos, empresas reguladas, etc.) 13.4.2. Controles de existencia de la información El despliegue de nuevas acciones en pro de la calidad de la información no debe soslayar ni aminorar la importancia de los controles de existencia de la información que, para las sociedades, están diseñados en las leyes de sociedades y en el Reglamento del Registro Mercantil, sino que debe ser un añadido a estas actuaciones. En tal sentido, es más necesario que nunca conceder validez a la normativa que inhabilita a las sociedades que no depositan las cuentas en el Registro Mercantil para aprovechar las ventajas que esta institución brinda al desarrollo del comercio, reforzando la imposibilidad de acceder al mismo, para inscripción de actos mercantiles, cuando no se cumple efectivamente la obligación de depósito. Para evitar aprovechar las lagunas de la legislación existentes en la actualidad, la obligación de depósito debería extenderse, en el supuesto de no aprobación de cuentas, a las cuentas formuladas por los administradores y presentadas a la junta general de accionistas o socios, hasta que se consiguiera tal aprobación. En caso de no conseguirla, el cierre del depósito para la sociedad debería hacerse efectivo cuando tal comportamiento fuese reiterado en el tiempo. Capítulo aparte es la sanción prevista por la ley, tras la incoación del oportuno expediente, a las empresas que no depositan cuentas. Se trata sin duda de una penalización de menor importancia si se atiende exclusivamente al importe económico que puede tener la misma, en especial para las grandes sociedades que pueden soportar este coste económico como un castigo menor por la falta de transparencia, por lo que sería recomendable añadir ala sanción económica otro tipo de penalizaciones, que deberían diseñarse fundamentalmente en términos de publicidad suficiente del incumplimiento y, si fuera necesario para determinadas empresas, prohibición del goce de determinados derechos como la contratación con las administraciones públicas o la recepción de ciertas subvenciones o ayudas públicas. Por su parte, el art. 222 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece las condiciones para la difusión de los documentos que han sido objeto de depósito en el Registro Mercantil, indicando que la sociedad ha de indicar si se trata de una publicación íntegra o abreviada. En el primer caso deberán reproducirse todos los documentos depositados (cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría), en el segundo se hará referencia al Registro Mercantil donde están depositado y, si se omite el informe de auditoría, se debe indicar si ha sido emitido con salvedades o no. Aunque la reglamentación anterior es difícilmente mejorable en su espíritu y redacción, las sociedades no tienen ningún control efectivo ni ninguna sanción si hacen caso omiso a la ley, lo cual es particularmente grave en el caso de sociedades cotizadas en bolsa, por lo que cabría, al menos para éstas, hacer recaer en un órgano específico el cumplimiento escrupuloso de lo establecido. En tal sentido, la recomendación de la Comisión de Expertos es doble: – por una parte, podrían ser los propios auditores los que tuviesen, entre sus misiones respecto a la sociedad, vigilar el cumplimiento de lo establecido en el artículo referido, lo que podrían hacer sin demasiada molestia, dada su continua relación con la sociedad auditada, y – por otra parte, serían las instituciones de refuerzo y control del cumplimiento de las que se habla extensamente en este Capítulo las que se podrían encargar del control de tipo rutinario, o de atender las reclamaciones que pudiesen surgir en caso de litigio por incumplimiento de lo establecido respecto a la difusión. 13.5. EL POSIBLE PAPEL DE LAS CORTES DE ARBITRAJE Para dirimir las reclamaciones o demandas de terceros con intereses legítimos en la información financiera que publican las empresas, y sin perjuicio del derecho que les asiste de acudir a los tribunales ordinarios o especializados, podrán utilizarse las Cortes de Arbitraje de las Cámaras de Comercio, cuando las partes acepten someter sus controversias a la resolución arbitral vinculante que emane de dicho organismo. El Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, que forma parte de la Comisión de Expertos, consciente de la importancia que tiene el cumplimiento de la normativa contable en la vida y desarrollo de las empresas, reconoce que el incremento de las transacciones comerciales y de las inversiones es susceptible de generar un mayor número de situaciones conflictivas en materia contable entre las empresas, los accionistas, los acreedores y los auditores. Por ello, ofrece su experiencia arbitral e infraestructura para resolver los eventuales conflictos de naturaleza contable, ya que el Consejo de Cámaras ha sido pionero en administrar arbitrajes en el ámbito comercial a través de la corte Española de arbitraje, habiendo diseñado y coordinado la Red Nacional de Cortes y Tribunales permanentes de Arbitraje, desde 1989 –en número de 52– y realizando en los tres últimos años más de 650 arbitrajes e innumerables mediaciones, tanto de ámbito nacional como internacional, lo oque ha proporcionado a las Cámaras de Comercio una gran tradición y experiencia en administrar soluciones extrajudiciales por medio del arbitraje y de la mediación. Los conflictos o controversias de naturaleza contable entre las empresas, los accionistas, los acreedores y los auditores externos, o entre cualquiera de los anteriores, se solventarían a través de procedimientos claros y predefinidos reglamentariamente en la Red de cortes de Arbitraje de las Cámaras de Comercio, mediante árbitros independientes y especializados, de manera rápida, económica, con privacidad en la fase de investigación y con garantía y seguridad jurídica del laudo arbitral que se dicte, teniendo éste la eficacia de causa juzgada reconocida por la Ley (5) e inscribiéndose en el Registro Mercantil con los efectos correspondientes sobre la transparencia de las resoluciones arbitrales. Para poder utilizar, con carácter general, el arbitraje de las Cámaras que se propone, las empresas deberían: a) Por lo que se refiere a los eventuales conflictos o controversias de las empresas con sus accionistas, sería recomendable incluir en sus Estatutos Sociales una cláusula o convenio arbitral tipo, del siguiente tenor: "1. Toda controversia o conflicto de naturaleza societaria, entre la sociedad y los socios, entre los órganos de administración de la sociedad, cualquiera que sea su configuración estatutaria y los socios, o entre cualquiera de los anteriores, se resolverá definitivamente mediante arbitraje de derecho por uno o más árbitros, en el marco de la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, de conformidad con su Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro o del tribunal arbitral. 2. Todas las impugnaciones de acuerdos sociales o decisiones adoptados en una misma Junta o en un mismo Consejo de Administración y basadas en causas de nulidad o de anulabilidad, se substanciarán y decidirán en un mismo procedimiento arbitral. 3. La Corte Española de Arbitraje no nombrará árbitro o árbitros en su caso, en los procedimientos arbitrales de impugnación de acuerdos o de decisiones hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de adopción del acuerdo o decisión impugnada, y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 4. En los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales la propia Corte Española de Arbitraje fijará el número de árbitros y designará y nombrará a todos ellos. 5. Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen, hacen constar como futuras partes su compromiso de cumplir el laudo que se dicte" b) No obstante, para someter los posibles conflictos o controversias entre la empresa, los accionistas, los acreedores y los auditores, o entre cualquiera de los anteriores, al arbitraje de las Cámaras es suficiente, desde el punto de vista jurídico, que ambas partes dejen constancia por escrito de su compromiso de acatar el laudo que dicte el árbitro competente elegido de común acuerdo o, en su defecto, el que designe la Corte Española de Arbitraje o a la propia Corte de la Cámara a la que se sometan las partes. c) En cualquier caso, la empresa podría insertar en la Memoria de las cuentas anuales y consolidadas depositadas en el Registro Mercantil, su inequívoca voluntad de someterse al arbitraje de las Cámaras de Comercio, con arreglo a sus Estatutos y Reglamentos, para resolver los eventuales conflictos y controversias de naturaleza contable que le puedan plantear los accionistas, los acreedores con intereses legítimos en esta materia o sus auditores externos. La institución de las Cortes y los Tribunales de Arbitraje, tanto de carácter mercantil como no mercantil, tiene una relevancia cada vez mayor en la economía española, constituyéndose en servicios importantes ofrecidos por diferentes instituciones. Aunque las Cortes de Arbitraje más importante son las que se encuadran en las Cámaras de Comercio, lo dicho anteriormente podría valer para cualquier otra institución similar, entendiendo que el objetivo que se persigue con este mecanismo no es otro que evitar el recurso a los tribunales de justicia, que no siempre son el camino más cómodo para dirimir conflictos entre partes interesadas en las sociedades y otras entidades que emiten información financiera. 13.6. RECAPITULACIÓN Y RESUMEN La introducción de un capítulo separado con reflexiones y recomendaciones acerca de los mecanismos de refuerzo y control del cumplimiento fue una decisión del pleno de la Comisión, con el fin de resaltar que los mismos deben constituir una pieza esencial del sistema contable, con el fin de asegurar que, además de normas elaboradas para reflejar la realidad económica de las empresas, existan controles que permitan corregir los casos de incumplimiento de las mismas. El presente capítulo, por tanto, trata de hacer recomendaciones que completen los controles de existencia y cumplimiento que en este momento existen (auditorías, depósito en los Registros, etc.), tratando de ofrecer otras alternativas, que se basan en instituciones que están funcionando satisfactoriamente en nuestro país o en otros del ámbito europeo. En este sentido, se pone especial énfasis en que la responsabilidad principal por la emisión de información financiera es de los administradores de las empresas, mientras que la actuación de los auditores o de los supervisores actúa siempre con posterioridad a la emisión de tal información, y por lo tanto debe ser enjuiciada siempre desde este punto de vista. En el capítulo se argumenta sobre la necesidad de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores establezca un mecanismo de refuerzo y control de la información como el previsto en el Reglamento europeo de aplicación de las NIC/NIF a las cuentas consolidadas, con el fin de asegurar el seguimiento íntegro de las mismas, de forma que ninguna de las informaciones que éstas prevén como importantes para su revelación queden sin exponer en los estados contables consolidados que se emitan a partir de la entrada en vigor de la norma anteriormente citada. Esta misión debe verse complementada por la de los supervisores financieros, cuyo compromiso en la calidad de la información pública puede redundar en el correcto ejercicio de su misión de supervisión prudencial de las entidades que emiten tal información. Por último, se propone la utilización de un mecanismo conocido, como son las Cortes de Arbitraje, para dirimir cuestiones de orden mercantil que se basen en la información contable, con lo que se consigue, al utilizar mecanismos especializados, la eficacia a la vez que la rebaja de los costes que a las partes les puede suponer la resolución de conflictos. ____________ |
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